Obras inconclusas en Copacabana sumarían más de $11.000 millones
Los contratos que soportan estos proyectos serán investigados por la Contraloría General de la República.
Cuatro contratos ejecutados en la pasada administración de Copacabana, y que más adelante podrían ser revisados con lupa por la Contraloría General de la República —tras su traslado por su par en Antioquia— presentan una serie de irregularidades (como asignación a contratistas demandados, grandes adiciones y largas prórrogas) que podrían significar un detrimento patrimoniale por más de $11.000 millones.
Los contratos, que inicialmente fueron denunciados por el concejal Carlos Rincón ante el ente de control regional en junio de 2021, fueron firmados con el aval del exmandatario Óscar Restrepo Restrepo incluso a menos de 15 días de finalizar su mandato.
EL COLOMBIANO pudo establecer que actualmente el exalcalde Restrepo labora como uno de los siete contralores provinciales de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la Contraloría General de la República.
Los contratos
Los contratos que han motivado indagaciones preliminares por parte de los entes de control son el 407 de noviembre de 2017 para la construcción del Centro de Protección Social Benjamín Correa; el 440 de agosto de 2019 para la realización de obras de alcantarillado de la vereda Zarzál Curazao; el 553 de diciembre de 2019 para el alcantarillado de la vereda Cabuyal; y el 087 de 2020 para la construcción de una torre de parqueaderos en el hospital local (Ver recuadros).
El primero de los contratos es el 407 de noviembre de 2017 por valor inicial de más de $5.104 millones que habrían sido aportados por el Departamento de Prosperidad Social DPS y cuya finalidad era la construcción del Centro de Protección Social Benjamín Correa Fernández en 10 meses a partir del 28 de septiembre de 2018.
Dicha obra tuvo dos suspensiones en las que se paralizó su avance por más más de nueve meses, y aún así se le adicionaron cerca de $994 millones. No obstante, pese a haber recibido un anticipo del 30% (equivalente a cerca de $1.531 millones), según el concejal la obra solo ha llegado en estos tres años a un 20,8%, por lo que los 33 adultos mayores que se beneficiarían de ella siguen en la sede del antiguo hospital de Copacabana.
El segundo contrato es el 440 de 2019 del 15 de agosto. Con este contrato —por valor superior a $1.887 millones de los cuales $1,014 millones provenían de Corantioquia— se construirían los colectores de aguas residuales domésticas y se realizarían las obras complementarias del alcantarillado de la vereda Zarzál Curazao en cinco meses que se cumplirían el 16 de enero de 2020.
Este contrato tuvo tres prórrogas que terminaron doblando el tiempo de construcción; así como una adición de casi la mitad de su valor. Según la denuncia de Rincón, pese a estar en el 85% de su construcción, un problema en sus diseños previos no permitiría que el alcantarillado se pueda unir a la red principal de EPM lo que lo dejaría inoperativo, tal como estaría sucediendo actualmente.
El tercer contrato es el 087 de 2020, con el que se buscaba realizar la construcción de la segunda etapa de la torre de parqueaderos en el lote aledaño al hospital Santa Margarita. La obra tendría un costo de más de $1.274 millones e iniciaría el 21 de julio de 2020 y finalizaría cinco meses después.
Al igual que en los casos anteriores, esta obra tuvo dos prórrogas que estiraron su fecha de finalización hasta un año después del plazo límite, así como una adición de $330 millones, su cuarta parte. Sin embargo, este contrato tendría un componente delicado ya que según los hallazgos preliminares de la Contraloría de Antioquia la obra está suspendida por dos motivos (lo que para la entidad la podría convertir en un elefante blanco) siendo el más grave que para su construcción se usaron recursos para infraestructura de salud cuando este edificio es equipamiento urbano.
FUENTE EL COLOMBIANO