Las cifras del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz

Son varias las fechas en las que se pueden celebrar los cinco años del proceso de paz: el día de la firma del Acuerdo en Cartagena (26 de septiembre) o la rúbrica en el Teatro Colón (el 24 de noviembre), por no mencionar el del plebiscito del 2 de octubre que –más bien– lo puso en entredicho.

Al gobierno del presidente Iván Duque sus opositores lo han cuestionado por supuestamente no estar comprometido con el proceso. Pero en la práctica, a la hora de medir en términos de inversión, es posible que la historia lo rememore, como en su momento se ha recordado al PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) del presidente Virgilio Barco, como uno de los mandatos en los que más se intentó hacer realidad el Acuerdo de Paz.

El protagonista de ese trabajo ha sido el consejero presidencial Emilio Archila. Tal vez no hay un funcionario al que desde todos los sectores le reconozcan su trabajo como a él; las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional así lo estiman. E incluso él se ha jugado cartas políticas claves, como cuando en nombre del Ejecutivo dijo que le daban vía libre a las 16 curules para la paz que –en algún momento– habían despertado polémica.

Archila tiene muchas cifras en la cabeza sobre lo que ha sido el trabajo de todo el Estado para aplicar el Acuerdo de Paz en estos tres años del Gobierno Duque. Por ejemplo, en este momento el Ejecutivo está invirtiendo casi 10 billones de pesos en los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, definidos por el Acuerdo de Paz); es decir, casi el 77 % de lo que cuesta construir el metro de Bogotá.

Claro que advierte que se necesitan otros $50 billones para la aplicación integral del Acuerdo de Paz. Por eso, en los próximos dos cuatrienios presidenciales –porque la Corte Constitucional dijo que se debe aplicar en cuatro mandatos– se tendrá que hacer un esfuerzo importante.

Otro dato que sorprende es el de las reparaciones colectivas. Archila explica que en toda la historia de Colombia se habían hecho tres y que, en el mandato de Duque, van 3.000. Estos procesos son claves, porque son actos en el territorio entre víctimas y victimarios de profundo impacto en las comunidades para una paz duradera.

Archila explica también que el Gobierno formalizó 6 garantías para los excombatientes –más de las que se han reconocido en cualquier otro proceso de paz en el mundo– para los poco más de 13.000 excombatientes que, con sus núcleos familiares, suman cerca de 50.000 personas. El 90 % está en el sistema de salud y de pensiones, más de la mitad tienen una empresa, y hay 1.200 de los 13.000 empleados.

El punto más complicado ahora, sin duda, es el de la seguridad de los excombatientes. La gran mayoría de los asesinatos se han dado en zonas donde hay mayor concentración de cultivos ilícitos. Y Archila plantea que sustituir toda la coca sembrada en el país por cultivos lícitos cuesta 3.200 millones de dólares (casi lo que costó el Plan Colombia en la época de Pastrana), lo que es apenas el 20 % de lo que invierte Estados Unidos en lidiar con el consumo.

FUENTE ELCOLOMBIANO