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Contraloría ratificó detrimento patrimonial en Feria de Cali Virtual

Después de cinco meses de haberse celebrado la polémica Feria de Cali Virtual, que tuvo lugar entre el 25 y 30 de diciembre del 2020, la Contraloría Municipal ratificó que en el evento se incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $5.281 millones, que equivale al 41 % del costo total que tuvo el encuentro cultural insignia de la ciudad.

Así lo confirmó el ente de control en su informe final de fiscalización de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria Cali versión 63, en el que determinó 44 hallazgos de naturaleza administrativa, de los cuales 38 tienen presunta incidencia disciplinaria; 10 con presunta incidencia fiscal y 10 con presunta incidencia penal.

Estas cifras difieren de las 48 observaciones administrativas, 42 de presunta incidencia disciplinaria, 14 de presunta incidencia fiscal y 11 con presunta incidencia penal que el ente de control había establecido en un informe preliminar que fue divulgado un par de semanas atrás y que, por el debido proceso, fue sujeto a contradicción por parte de Corfecali.

En el marco de la Feria de Cali Virtual, Corfecali suscribió 523 contratos que representaron $12.651 millones. De este universo, el equipo auditor de la Contraloría se basó en una muestra de 84 contratos por un valor de $.7841 millones, equivalente al 62% del valor total de los actos contractuales entablados por el ente gestor del evento.

En este punto la Contraloría advirtió un presunto detrimento patrimonial por $4.713 millones, un cargo penal por contrato sin el lleno de los requisitos legales y varias faltas disciplinarias.

De acuerdo con el ente de control, en las cláusulas tercera y cuarta del convenio que entablaron la Secretaría de Cultura y Corfecali para realizar la Feria se condicionó que Corfecali regresaría los recursos de este evento a la Secretaría si los indicadores de Covid-19 empeoraban y no permitían llevarlo a cabo. Esto terminó ocurriendo cuando el 16 de diciembre el Alcalde decretó la alerta roja, prohibió los eventos con aforo, impuso toque de queda nocturno y la medida de pico y cédula.

No obstante estas limitaciones, Corfecali y la Secretaría de Cultura modificaron el convenio administrativo “pasando por alto las obligaciones del convenio de cumplir y desarrollar las actividades de la Feria tal cual fueron planeadas, programadas y establecidas”, cambiando la estructura de puesta en escena presencial por grabaciones que serían realizadas en diversos estudios de la ciudad, pero manteniendo las partidas presupuestales.

Para la Contraloría estas actuaciones violan las normas de contratación, “conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica”.

FUENTE EL PAÍS.COM