Los defensores públicos de Antioquia están “reventados”

Ahora, por la pandemia, las audiencias se están desarrollando de manera virtual, lo que ha complicado su desarrollo. 

Están agotados, sobrecargados; en los últimos tiempos han sido víctimas de depresión y ansiedad. E, incluso, han sufrido infartos como consecuencia de una presión laboral desmedida. Esa es la descripción que hace Richard Granada Úsuga, vocero del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, sobre la situación de los defensores públicos en el departamento. “Se están enloqueciendo. No tienen tiempo ni para ellos y eso desencadena en que no puedan prestar un servicio idóneo a la sociedad”, expresa.

En Antioquia, según la entidad a la que pertenece Granada, los defensores públicos no llegan a 400. La cifra fluctúa entre 350 y 380, según las designaciones de la Personería del Pueblo y las renuncias, que son constantes. “Este es un número muy bajo para la criminalidad que hay en el departamento. Con esto se dimensiona el problema: cada uno de los defensores está atendiendo hasta 180 carpetas. ¿Cómo pueden prestar un servicio idóneo con esa cantidad de trabajo”, se queja Granada.

Y es que, según el miembro del Colegio, el número de defensores públicos en Antioquia ha crecido poco en los últimos 15 años, lo que ha degenerado la acumulación de trabajo que hoy tienen: “La Defensoría del Pueblo se volvió un comodín: representa a víctimas y victimarios; representa a personas en la JEP o en Justicia y Paz. La Defensoría sirve para todo y eso está ocasionando que, en vez de fortalecerse, esté cumpliendo a medias su labor”.

Es importante recordar que todo sindicado tiene derecho a una defensa, pero, muchas veces, las personas no tienen la solidez económica para pagar un abogado. Ante estos casos, el Estado debe ofrecer una defensa y ese servicio se presta a través de los defensores públicos y la Defensoría del Pueblo.

Para Granada, el problema es histórico y viene de las administraciones anteriores. Pone un escenario lamentable: “Con 180 carpetas un defensor no puede prestar el mejor servicio, se le es imposible”.

El miembro del Colegio, sin embargo, cree que el problema es estructural y va más allá de la Defensoría Pública. Expone que en Colombia hay un exceso de política penal y que “todo se resuelve por esa vía”. Agrega: “Existe un populismo punitivo en el país. Hay afán de crear más cárceles y solucionarlo todo de esa manera. Uno ve que refuerzan a todas las instituciones, menos a la Defensoría del Pueblo”, argumenta Granada.

Un defensor que no quiso dar su nombre expresa que la carga laboral es ingente y que desde el comienzo de la pandemia las cosas se han complicado. “Al comienzo pensamos que la virtualidad iba a ser beneficiosa, pero eso ha hecho mucho más complejo el desarrollo de las audiencias. Ayer, por ejemplo, estaba en cuatro audiencias de detenidos en las marchas”, dice el defensor.

Granada, por su parte, dice que la virtualidad ha sido más un escollo que un alivio. Argumenta que un mismo defensor tiene que atender audiencias a las 7:00 de la mañana y otras a las 7:00 de la noche.

Beatriz Idárraga, juez coordinadora del centro de servicios del Consejo Seccional de la Judicatura, cuenta que la semana pasada hubo una reunión interinstitucional para tratar la falta de defensores públicos. En el encuentro se hizo la propuesta de que se asignara un defensor por despacho, pues muchas veces terminan una audiencia y tienen otra en un despacho diferente. Esa propuesta será remitida al nivel central de la Defensoría.

Idárraga agrega que al nivel de circuitos han tenido “un problema gravísimo con los defensores”. Lo explica: “Cada que se termina una contratación son muchas las audiencias que se dañan. Mientras los renuevan, tenemos que aplazar las audiencias, lo que dificulta y demora el proceso”.

FUENTE EL COLOMBIANO