Ejército, a pagar por el daño que le hizo al páramo de Sumapaz
Por la construcción de una base, el Ministerio de Defensa tendría que pagar $315 millones.
por PÍA WOHLGEMUTH
El páramo de Sumapaz fue durante años un corredor estratégico de la guerrilla de las Farc. En 2015, las fuerzas militares, en su estrategia de guerra, construyeron bases militares sobre el área protegida, infringiendo la normativa ambiental. Seis años después, sus acciones tienen al Ministerio de Defensa a punto de pagar una multa de $315 millones. Justo cuando el Gobierno le pide a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar a la extinta guerrilla por los daños que ocasionó a la naturaleza.
En ese entonces, la comunidad de la localidad bogotana Sumapaz denunció a las autoridades que el Ejército estaba adelantando distintas intervenciones y realizando acciones no permitidas en el área del páramo protegida por el Estado, que tiene una extensión de 1.421.120 metros cuadrados.
Por estas denuncias se iniciaron cuatro procesos sancionatorios entre 2015 y 2016. En efecto, el Ejército cometió infracciones. Se trató de las bases de Los Mortiños, Faltriquera, La Rabona y una última cuya ubicación no es pública porque sigue existiendo, la base Relámpago.
En dos de los casos —Relámpago y Faltriquera—, el Ministerio de Defensa pagó multas de unos $250 millones respectivamente; el de La Rabona no se ha definido y el caso en cuestión es el de la base móvil Los Mortiños.
Por esa denuncia, después de una visita técnica en 2015, se pudo comprobar el daño al páramo. En ese entonces, para Parques Nacionales las afectaciones eran severas y así quedó consignado oficialmente.
No es para menos. Los soldados afectaron más de 3.226 metros cuadrados del ecosistema al excavar trincheras, instalar zanjas y talar frailejones para hacer una base militar en la vereda San José, en la cabecera de la quebrada Los Mortiños.
Todo esto, sin permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que tenía que autorizarlos para poder llevar a cabo una acción semejante, a pesar del contexto de guerra y estrategia militar que se adelantaba en aquel páramo situado entre el Meta, Huila, Tolima y Cundinamarca (incluyendo Bogotá).
En detalle, el documento que resume todo el caso describe bien los daños causados al Sumapaz para esta base: en un área de 1515,37 metros cuadrados se eliminaron el 80 % de frailejones; se excavaron 1711,30 metros cuadrados para construir trincheras, adecuar zanjas e instalarlas, “afectando la vegetación nativa y el suelo con el movimiento de tierras”; se afectó con todo esto el proceso de infiltración en el parque —cuando el agua de la tierra es absorbida por el suelo—, provocando un daño de 3226,67 metros cuadrados. Pero eso no es todo, el Ejército también quemó material vegetal de follaje de frailejones y, presuntamente, otros residuos sólidos.
Además, las conclusiones consignadas en un informe de octubre de 2015 revelaron el escenario aparte de la trinchera en forma de L, había residuos sólidos pero no sitios de acopio para estos, tala de frailejón y más.
El alcalde de la localidad de Sumapaz, en Bogotá, William Alexander Santoyo, dijo que había diez puntos de apilamiento de basura, entre los que había jeringas, baterías, pilas, puntos de quema y más.
En su momento, las fuerzas armadas argumentaron que era necesario hacer la construcción, porque el frente 51 de las Farc estaba incursionando en la zona con frecuencia. Las razones de seguridad, sin duda, eran justas y la comunidad también lo reconoció, pero nada exime a las entidades del Estado de respetar la normativa ambiental.
Ante las denuncias de la comunidad se defendió diciendo que las construcciones no requerían de movimientos de tierra “significativos, sobrantes, contaminantes” ni tampoco afectaban las condiciones normales del ecosistema. Una conclusión llamativa cuando se estaba excavando, talando y quemando en un páramo.
Ese mismo año se suspendió la obra por orden de Parques Nacionales Naturales.El daño ambiental
A pesar de las acciones para mitigar este tipo de daños, necesariamente, el daño provocado en el ecosistema es “gravísimo e irreparable”. Así lo confirma Mary Lee Berdugo, doctora en Ciencias-Biología de la Universidad Nacional.
Si bien el área no es inmensa, para un páramo es decisiva por las dinámicas ecológicas y los servicios que provee. Además, los suelos de los páramos son jóvenes y altamente vulnerables, en palabras de Berdugo, cuando desaparecen, es muy poco probable que se recuperen, causando erosión severa y llevando a la pérdida de la capacidad de retención hídrica y capacidad de restauración.
Además, como no hay un estudio de impacto ambiental previo a la instalación de esta base transitoria, no hay certeza del daño exacto que ocasionó esta acción humana en el páramo. Para Berdugo, esto es realmente lo más grave.
Con todo, sí hay forma de examinar lo que se conoce del caso. Por eso, Berdugo cita varios estudios, entre ellos el experto en Páramo profesor Orlando Rangel (UNAL) y en especial el realizado por Abel Castañeda y Carmen Rosa Montes-Pulido en 2017, según el cual en una hectárea del páramo hay una absorción de 188 toneladas de carbono.
Aunque estos estudios no se pueden extrapolar, el área de intervención de la base militar Los Mortiños podría corresponder a 62 toneladas de carbono que no serán retenidas. Incluso podrían ser más dependiendo la profundidad y la vegetación que fue removida.
“No solo removieron la capa de vegetación, sino también hicieron una transformación e intervención completa del suelo”, añade.
Las plantas del páramo tienen una tasa de crecimiento lenta, y ni se diga de las de regeneración y de sobrevivencia. Al remover una población de frailejones, como sucedió en este caso, la afectación no es solo sobre esta especie sino también sobre todos los organismos de flora y fauna a su alrededor. La remoción y la quema también dañan todas las funciones y relaciones establecidas entre animales, plantas, hongos y bacterias, de las que depende la conectividad y conservación del páramo más grande y diverso en el mundo.
Con respecto al agua, dice Sitjn Hanson, de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Rosario, que remover la vegetación genera un daño grande que es obvio, pero la excavación de una zanja de desagüe impacta toda la hidrología del sitio.
El Ejército ha realizado acciones para reparar los daños cometidos en ese momento, que, vale decir, los funcionarios de Parques Nacionales hoy resaltan con vehemencia. Inclusive Santiago Pache, corregidor de Sumapaz, exalta las labores de conservación que ha realizado la fuerza pública en pro de la protección de la naturaleza y la recuperación del páramo en general.
Empero, el daño ocasionado al ecosistema no se puede negar, teniendo en cuenta los argumentos mencionados anteriormente y reconociendo los aportes a la conservación que realizan las fuerzas.
Resulta llamativo que dos años después de las denuncias allegadas a las autoridades ambientales, Parques hiciera una nueva visita técnica y determinara que el daño fue, en realidad, leve, por una aparente recuperación del ecosistema por su propia cuenta. Un cambio drástico en la clasificación que no fue suficiente para reducir la multa, calculada con un sistema predeterminado y establecido por ley para los daños a la naturaleza.¿En qué va el proceso?
El defensor del Ministerio de Defensa y el Ejército, accionados por Parques, interpuso recursos de reposición y de apelación.
Por una parte, señaló que debido a la presencia de grupos al margen de la ley, en su momento se ubicaron bases en “puntos estratégicos” para cubrir una zona azotada por el conflicto. Además, señaló que se habían adelantado actividades de mitigación y recuperación ambiental en el área, incluyendo resiembra de frailejones, para contrarrestar el daño antes ocasionado.
Para la defensa de la cartera es “a toda luz desproporcionada” la multa impuesta, porque, según ellos, el Ejército no se benefició de ninguna forma de las acciones adelantadas en el Sumapaz y todo se hizo para proteger a la ciudadanía.
Pero este no es un argumento válido para Parques Nacionales. “No es dable que en el ejercicio de las funciones determinadas por la Ley y los reglamentos para cualquier institución del Estado, se presentan violaciones a las normas ambientales, menos aún, en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, dice una resolución de la entidad del pasado diciembre.
Después de una larga pelea jurídica de seis años, Parques Nacionales confirmó la multa en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército. Ahora queda la apelación de la cartera en manos de la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas de la entidad que definirá si el dinero se desembolsa o no.
FUENTE EL COLOMBIANO