América Latina y el Caribe, la región más endeudada del mundo en desarrollo: Cepal
“La pandemia de la enfermedad por coronavirus ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad”.
De este modo describió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la situación de la región, durante una reunión virtual con los países miembros, en la que la secretaria del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó un informe especial.
El texto “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo”, propone cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.
“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9 % al 79,3 % del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57 %)”, afirmó Bárcena en la presentación del documento.
El informe indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones de dólares, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de la región el FMI ha puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el covid-19. En enero de 2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 63 % del desembolso total (106.000 millones de dólares) que había destinado a 85 economías en desarrollo.
Los datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3 % y el 23,1 % en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento internas y externas que los países tenían en 2020.
Sin embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.
En ese contexto, Cepal propuso cinco medidas de política para afrontar los retos.
Una primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.
La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía covid-19 (Face) propuesto por el gobierno de Costa Rica. El Face se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares (un 3 % del PIB de los países de ingreso bajo y medio o el 0,7 % del PIB de los países desarrollados).
Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el covid-19.
Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.
Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
FUENTE EL COLOMBIANO